Una corte federal de apelaciones desestimó este jueves un pedido del Departamento de Justicia en contra de la ley que declara a California (EEUU) un estado santuario y determinó que la norma podía permanecer vigente.

Los tres jueces federales que integran el Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco, dictaminaron que California tiene autoridad para promulgar las leyes destinadas a limitar la colaboración entre las autoridades locales y los agentes federales de inmigración, marco legal vigente desde 2018.

En marzo del año pasado, la administración del presidente Donald Trump interpuso una demanda para bloquear la norma, pero cuatro meses después el juez de distrito John A. Mendez se inclinó a favor de California y ello llevó al Gobierno a dar la batalla vía apelación en un acorte federal.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, una vez conocido el fallo manifestó: "Continuamos demostrando en California que el estado de derecho no solo significa algo, sino que las personas no pueden actuar fuera de él".

"La decisión de la corte de defender el Acta de Valores de California (como se conoce la ley SB 54) en su totalidad es una gran victoria que deja en claro que California se mantiene junto a nuestros vecinos inmigrantes, familiares y amigos", dijo por su parte María Romani, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La jurista agregó que la decisión confirma que los agentes de inmigración no pueden en ningún lugar de California reclutar a las autoridades locales para "promover la máquina de deportación de la Administración Trump".

La norma permite que las autoridades locales trabajen conjuntamente con las autoridades federales de inmigración si una persona ha sido declarada culpable de algún delito contenido en una lista de cerca de 800 violaciones a la ley, la mayoría graves.

El juez de circuito Milan Smith escribió en el fallo que "California tiene el derecho, de conformidad con la regla contra el control, a abstenerse de ayudar con los esfuerzos federales".

La corte de apelaciones también dejó en vigencia una disposición del Proyecto de ley 450 de la Asamblea estatal que requiere que los empleadores informen a los trabajadores cuando su negocio haya recibido un aviso de una inspección por parte de agentes de inmigración.

EFE